Es parte de un plan del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; se prevé enseñar en las escuelas el funcionamiento de las instituciones y cómo son los procesos judiciales; promoverán el acceso desde una app.
Con el traspaso de competencias judiciales en mente, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad realizó una encuesta para saber no sólo cuál era el estado del Poder Judicial de la Ciudad, sino cuánto sabían de él los porteños. La respuesta fue inquietante: el 65% ni siquiera sabía que existía una justicia local: siete de cada diez no conocían que tenían derecho a una asistencia legal gratuita y un 20% no conoce el lenguaje legal que se usa en todos los fueros.
Por eso aprobaron y comenzaron a trabajar en el Plan de Equidad Territorial, con el objetivo de fortalecer el “acercamiento” de la Justicia a los ciudadanos. El plan, al que tuvo acceso LA NACION, fue aprobado en la última reunión de consejeros, la semana pasada.
Cuenta con tres etapas. La primera: la introducción en la currícula de las escuelas de materias específicas sobre cómo funciona el Poder Judicial de la Ciudad, cuáles son los delitos y las contravenciones y cómo es un proceso, desde la denuncia hasta el fallo.
La segunda incluye la realización y difusión de un “glosario judicial” que definirá la terminología a utilizar en los procesos, para que el vocabulario deje atrás el exceso de formalismo y sea de fácil comprensión para los ciudadanos comunes. Eso se definirá en cuatro encuentros; el primero de ellos será este miércoles.
El tercer punto prevé la creación de una aplicación para PC, tablets y celulares llamada Mapeá Justicia. Deberá proveer la consulta de lugares disponibles y cercanos a los cuales los porteños pueden acceder para la resolución judicial de conflictos. “Todavía estamos trabajando en el diseño final que tendrá; está todo muy fresco aún”, precisaron voceros del Consejo.
La idea es que el plan comience a ser instrumentado en marzo de 2018. Seis meses después de su implementación se evaluará el funcionamiento de la primera etapa.
“El proyecto Equidad Territorial implica tres grandes desafíos que nos hemos propuesto: acercar la justicia de la ciudad a las escuelas, elaborar en lenguaje claro y sencillo un glosario sobre términos jurídicos, de fácil comprensión, y diseñar herramientas que permitan al ciudadano acceder, de manera sencilla, a los lugares donde hacer valer sus derechos”, explicó la presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica del Consejo, Silvia Bianco, autora del proyecto.
La campaña para la distribución y comunicación del programa tendrá, según se explicó, varias etapas. Una de ellas será un puesto móvil que recorrerá diferentes puntos de la ciudad para difundir tanto la app como el glosario.
La segunda es lograr un acuerdo con el gobierno porteño para que incluya el programa dentro de los actos de gestión que comunica por los diferentes canales oficiales de publicidad. Y el tercero será aprovechar los encuentros que se realizan los sábados en plazas públicas, en los que algunos consejeros van a explicar qué atribuciones tiene la justicia porteña, qué derechos tienen los ciudadanos y dónde pueden recurrir, de necesitarlo.
“Esta iniciativa refleja un principio de ordenamiento territorial y permite delinear una configuración geográfica estratégica que asegure a todos las mismas condiciones de acceso a los servicios de justicia”, explicó Bianco.
Crear conciencia
En cuanto al proyecto en las escuelas primarias, por donde se iniciará, lo que se busca es tener el mismo efecto que consiguió el Ministerio de Ambiente y Espacio Público cuando, años atrás, comenzó con la campaña de reciclaje y separación de residuos domiciliarios con los chicos como destinatarios del mensaje de cambio cultural. Con ese proyecto en mente, Bianco armó el programa judicial.
Tanto para los puestos móviles como para las clases y el resto de las actividades, el Consejo cuenta con un grupo de “replicadores” que fueron capacitados por autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Germán Garavano.
Uno de los objetivos a largo plazo es que se simplifique el lenguaje judicial, motivo por el cual desde el Consejo se comenzará a capacitar a jueces, fiscales, camaristas y auxiliares para que abandonen el lenguaje ultratécnico en la parte escrita. “Al momento de la oralidad es todo más simple, pero cuando se pasa a la parte escrita, en rigor, siempre se vuelve a los vicios técnicos”, sostuvieron fuentes judiciales.
La conformación del glosario se comenzará a debatir a partir de esta semana en un encuentro con abogados, fiscales y jueces. La idea es que se repita semanalmente durante este mes y el siguiente, aunque puede haber nuevas reuniones.
Menos del 20% de la población en la Capital sabe cuál es el lenguaje que utiliza la Justicia. “Los resultados indican un bajo conocimiento de la existencia de un Poder Judicial propio”, reveló el estudio encargado por el Consejo de la Magistratura.
Uno de los focos del programa es la creación de un glosario, que será repartido en actividades en escuelas primarias, en una primera etapa, y en las secundarias, a continuación. En él se detalla la definición de algunos términos jurídicos establecidos de antemano.
En la justicia porteña ya hay, según pudo saber LA NACION, una intención de intentar poner en práctica los nuevos conceptos. Sin embargo, se admite que será una labor que llevará tiempo. “La gran mayoría de los escritos se hacen de forma automática. Cambiar eso va a llevar tiempo”, le dijo a LA NACION un veterano funcionario judicial.
En el gobierno porteño también comparten dicha postura, aunque sostienen que en algunos casos se necesitará recurrir a los términos específicos del Derecho.
“Si bien es cierto que quienes operan el Derecho deben procurar que sus escritos sean comprensibles para la sociedad, a veces resulta imprescindible el uso de términos técnicos propios de este saber que es la ciencia jurídica”, afirmó el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez.
Agregó que se debe llevar adelante un acercamiento de la Justicia a la sociedad y que, por eso, se implementa desde hace tiempo un programa de acceso a la Justicia.
Un juicio, en manos de alumnos
Cada mes se realiza, con la coordinación de un juez, un simulacro de audiencia judicial en el que los protagonistas de cada una de las partes son estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad. La semana pasada lo hicieron alumnos de cuarto y quinto año de la Escuela de Danzas “Aída V. Mastrazzi”, con la supervisión del juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Pablo Casas.
Dramatizaron una causa de Noviazgo Violento (artículo 149 bis del Código Penal), facilitada por el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Los alumnos integrantes del jurado debatieron y decidieron por unanimidad declarar culpable al acusado.
